Óscar Romero, bienaventurado y beatificado por el pueblo
Treinta años después de su muerte, se siguen poniendo obstáculos a la beatificación del arzobispo salvadoreño
Martin Maier, SJ- Redactor jefe de la revista Stimmen der Zeit y autor del libro Óscar Romero. Mística y lucha por la justicia (Herder Editorial)
Las beatificaciones pueden revelar indicios de la dirección que toma la política eclesiástica. Hay que entender así la diligencia con que se procedió a la beatificación (1992) y la canonización (2002) de Josemaría Escrivá (1902-1975), fundador del Opus Dei. Encarna un interesante contrapunto monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado a tiros durante una eucaristía el 24 de marzo de 1980 –hace treinta años– por su resuelta dedicación en favor de la fe y la justicia en El Salvador. Este compromiso acercó a monseñor Romero, originalmente conservador y próximo al Opus Dei, a la Teología de la Liberación. Detrás de su muerte estaba Roberto D’Aubuisson, que dirigía el servicio secreto militar y los escuadrones de la muerte.

(Darío Menor- Roma) Habían pasado sólo unas horas desde que unos desconocidos dispararon con una escopeta de aire comprimido a un grupo de jornaleros africanos en Rosarno, una pequeña localidad de la región italiana de Calabria. Los inmigrantes reaccionaron con furia a la agresión de sus dos compañeros y tomaron las calles del pueblo ante la incredulidad de los vecinos. En aquellos momentos de tensión e incertidumbre, en los que no estaba claro qué había motivado el ataque ni cómo terminaría la revuelta, una voz se atrevió a señalar a la `ndrangheta, la mafia calabresa, como responsable de todo. No fue la de un político ni la de un miembro de las fuerzas de seguridad, sino la voz de un sacerdote. Quien hablaba era Pino De Masi, vicario general de la diócesis de Oppido-Palmi y representante en Calabria de Libera, el movimiento que aglutina a 1.500 asociaciones antimafia presidido por otro sacerdote, Luigi Ciotti.
(José Carlos Rodríguez Soto) A la puerta del centro acogida ‘Karibu’, en pleno Madrid, llegan cada día decenas de inmigrantes africanos en busca de todo aquello de lo que carecen: trabajo, vivienda, asistencia jurídica, médico, ropa y comida. Hace dos meses se presentaron también unos visitantes poco habituales: policías que empezaron a pedir a quienes entraban y salían la documentación, y a detener a los que carecían de ella. El director del centro, el padre mercedario Antonio Freijo, expresa a Vida Nueva la indignación que le invadió en aquella ocasión: “Escribimos a las autoridades protestando, pero los que nos respondieron, lo hicieron escurriendo el bulto y diciendo que no estaban al corriente de que ese día se hubiera ordenado redadas a la puerta de nuestro centro. En 20 años que llevo aquí, nunca nos había ocurrido nada así”.
(José Carlos Rodríguez Soto) “En las misiones donde trabajamos, en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), llevamos más de dos años sufriendo una violencia que no cesa. Sólo podemos viajar en convoy militar y nuestra gente sufre a diario asesinatos, saqueos y secuestros de niños”. Así se expresa el comboniano Javier Sagasti, misionero en este país desde hace 24 años. Las extensas parroquias donde este sacerdote navarro de 60 años ha ejercido su ministerio forman parte de la geografía de los conflictos olvidados, a veces llamados “de baja intensidad”, que no suelen atraer la atención de los medios de comunicación, pero que dejan una impronta traumática que destruye la vida de extensas comunidades que durante años han vivido en la pobreza, aunque de forma más o menos pacífica. “Cuando se habla de la guerra de la RDC, suele ser para referirse al Kivu (también en el este del país, pero más al sur), mientras que nuestra zona parece no interesar a nadie”.
(Paola Cortellessa- La Habana) El pasado 5 junio, la Comunidad de San Egidio inauguraba en el centro histórico de La Habana, la Casa de Paz y Diálogo, que servirá como sede en la isla para la Comunidad. En el acto de inauguración estuvieron presentes Andrea Riccardi, fundador del movimiento, el cardenal Jaime Ortega Alamino, arzobispo de La Habana, Eusebio Leal, historiador de la ciudad, Caridad Diego, directora de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central, algunos embajadores y otros representantes de las autoridades civiles y religiosas de La Habana, además de numerosos amigos.
(Alberto Eisman) En enero se ha cumplido el quinto aniversario de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a más de 20 años de guerra civil en Sudán, el país más extenso de África entre el norte árabe y musulmán y el sur negroafricano cristiano y animista. Los términos de los acuerdos prevén elecciones generales para el próximo abril y un referéndum de autodeterminación en todo el sur del país y en las tres zonas en contención (Nilo Azul Meridional, Montañas Nuba y la ciudad de Abyei) en 2011.
(José Carlos Rodríguez Soto) A la cárcel van los que delinquen. Al menos, eso es lo que habíamos creído siempre. Pero desde que en 1985 se aprobó en España la primera Ley de Extranjería, miles de personas (extranjeras) son privadas de libertad por un hecho que no está tipificado como delito, sino como falta administrativa: carecer de documentación en regla. Por un hecho así, un extranjero puede permanecer encerrado hasta 40 días (60 según la nueva reforma de la Ley), generalmente en espera de expulsión y, a menudo, en condiciones deplorables. Un extenso informe que acaba de ser publicado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denuncia con todo tipo de detalles un rosario de vejaciones a las que las personas sin papeles se ven sometidos en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE).
(Victoria Lara. Foto: SETEM) Trece bancos europeos invierten un total de 39,6 billones de euros en empresas que realizan proyectos dañinos para el medio ambiente o que violan los derechos humanos. Así lo han denunciado varias ONG, entre ellas la española SETEM, que forman parte de la red internacional BankTrack, tras investigar a estas entidades, que son concretamente: Banco Santander, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole, Deutsche Bank, ING, Intesa Sanpaulo, HSBC, RBS, Société Générale y Unicredit. Fruto de esta investigación salen a la luz las relaciones entre dichos bancos y algunas compañías acusadas de apoyar regímenes dictatoriales, causar daños medioambientales o fabricar armas de efectos indiscriminados, como las bombas de racimo y las minas anti-persona.
(Victoria Lara) La lucha contra el hambre y el cambio climático han sido dos de los temas centrales de la cumbre de los países del G-8, celebrada bajo presidencia italiana en la ciudad de L’Aquila, entre el 8 y el 10 de julio. No en vano, entre las declaraciones más destacadas de dicho encuentro está el compromiso de los países participantes de aportar 20.000 millones de dólares, 5.000 millones más de lo esperado, a lo largo de los próximos tres años para combatir el hambre en el mundo, centrando la estrategia fundamentalmente en el desarrollo de la agricultura, el fomento del empleo y la consecución de reformas políticas.
(F. J. Martín) Tony Edward Shawel tenía cinco años. Fue raptado en los albores del mes de mayo en Sheykahn. Sus captores pusieron precio a su vida: 50.000 dólares. El pequeño, de familia cristiana, apareció muerto apenas dos semanas más tarde. Susan Latif y su suegra, Muna Banna, fueron tiroteadas en su casa de Kirkuk a finales de abril. En esa ciudad también cayó abatido Basil Shaba y otros dos miembros de la familia resultaron heridos. Como Tony, todos habían cometido el pecado de ser cristianos en un país como Irak. En este lugar, objeto de interminables análisis políticos y de intereses económicos, la práctica religiosa de las minorías es objeto de persecución, hostigamiento y presión por parte de grupos radicales que buscan la huida de comunidades como los católicos caldeos, que han protagonizado un éxodo, silencioso y silenciado, que escandaliza por sus cifras. Según el último Informe sobre Libertad Religiosa en el Mundo, editado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, cerca de 30.000 cristianos iraquíes viven en Jordania, 100.000 en Siria y 4.000 en Turquía, a los que habría que sumar varios miles más diseminados en Líbano, los Estados Unidos o diversos países europeos. Las cifras no dejan lugar a la interpretación: en 2003, los católicos en el país alcanzaban los 800.000; hoy apenas suponen una cuarta parte.









