El turismo sexual es una realidad lacerante, que se vive de forma preocupante en países en vías de desarrollo. Los datos que hoy aporta Vida Nueva en el trabajo que publicamos son un claro exponente de esta lacra contra la que luchan los gobiernos y que ha sido denunciada por la Iglesia en diversas ocasiones y por motivos distintos.  En este ámbito, destaca el que usa a menores de edad para los fines vacacionales. La pederastia tiene en algunos lugares un “paraíso“ que actúa al margen de la ley o aprovechando los sistemas corruptos de convivencia. Diversas personalidades y colectivos trabajan para erradicar esta lacra, pero todos los esfuerzos son pocos ante su avance, dada la intensa movilidad que ha propiciado un mundo globalizado. Hay ejemplos realmente sorprendentes, como se puede leer en la información que hoy ofrecemos. Países como Kenia, que tiene una legislación especialmente dura con los casos de abusos a menores, tiene, no obstante, la cifra de 30.000 niñas que, según  The New York Times, se dedican a la prostitución en Mombasa, sin contar otros muchos enclaves turísticos del país. Pero esta realidad es sólo un botón de muestra. En otros países como Tailandia, que se había convertido en uno de los paraísos elegidos para el turismo sexual, se ha frenado por actuaciones gubernamentales decisivas. En Camboya sigue siendo una auténtica plaga, y en Filipinas es práctica habitual. En otros países occidentales también se han dispuesto medidas excepcionales, como es el caso de España, para atajar esta acción delictiva que ataca al corazón de la dignidad de la persona; y con mayor razón cuando se trata de menores. En este sentido, se ha sabido esta misma semana que en nuestro país las políticas en defensa de los menores víctimas del turismo sexual son eficaces. En el informe elaborado en los Estados Unidos se ha dado la máxima puntuación a la política española para erradicar la trata de blancas. El Ministerio de Igualdad ha sido felicitado por su labor llevada a cabo a través de la llamada ‘Operación Azul’, que pone en práctica la aplicación de diferentes acciones para erradicar los abusos a menores en las cadenas de prostitución. En España, pese a los datos ofrecidos, el problema se acentúa por la avalancha de inmigración y por las secuelas de la crisis económica.

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