‘Europa quiere una protección drástica, injusta y excluyente’

Obispos del Magreb, Francia y España denuncian la posible reforma de Schengen

Los obispos miembros de la Comisión Mixta, en Túnez

MARÍA GÓMEZ | Cuando se ha iniciado el éxodo hacia Europa de cientos de miles de refugiados a causa de las aplaudidas revueltas en el Magreb y norte de África, el miedo ha podido más que los acuerdos. El Tratado Schengen –firmado por Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos en 1985, y al que se han ido adhiriendo casi todos los estados miembros de la Unión Europea (UE)– significa, en la práctica, que los países renuncian a los controles en sus fronteras interiores para crear una única frontera exterior, facilitando la libre circulación de personas. Pero a finales de abril, Roma y París solicitaron una reforma de Schengen, y la Iglesia no ha renunciado a su voz para reprochar: “Europa pretende aplicar una protección drástica que no siempre va en el sentido de la justicia y que a menudo es fuente de exclusión y discriminación”.

Es la denuncia de los obispos del Magreb, Francia y España, tras la reunión de una Comisión Mixta que tuvo en lugar en Túnez a principios de mayo y en la que participaron doce prelados, entre ellos, Juan José Omella, obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño.

En su comunicado final, aseguran que las Iglesias no solo “son testigos de los dramas que viven hombres y mujeres que dejan sus países” en un peregrinaje que “a menudo se transforma en un calvario”, sino que estas hacen “importantes esfuerzos por acogerles y acompañarles”. “Ponerse a la escucha ayuda a cambiar la mirada”.

Políticos o ingenuos

Es, precisamente, un cambio de mirada lo que reclama la Comisión Mixta. Los obispos indican dos actitudes: la de “numerosos políticos que quieren asegurar primero, y a veces únicamente, la seguridad y la protección de sus ciudadanos, desgraciadamente a menudo por razones electoralistas”; y la de los “discípulos del Evangelio, que, a riesgo de ser tachados de ingenuos, quieren, a pesar de todo y en contra de todos, servir primero a las personas y defender su dignidad, incluso si son clandestinos o sin papeles”.

Aseguran que ambas actitudes “podrían conjugarse si el dinero que se dedica a proteger las fronteras” se empleara en ayudar al desarrollo de los países de procedencia para “asegurar una vida digna a todos los ciudadanos”.

En el nº 2.754 de Vida Nueva.

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